El 5 de enero de 2025 la joven Fernanda Michelle Contreras Plata de 18 años fue asesinada en la unidad Casas Ara Cerro del Márquez en Valle de Chalco del Estado de México; la víctima se trasladaba en un vehículo junto a tres hombres, tras un festejo previo a su cumpleaños cuando un grupo armado les cerró el paso, y abrió fuego con armas largas para quitarle la vida a los cuatro ocupantes.
Un sujeto identificado como José Antonio ‘N’ de 28 años invitó a comer a la joven tras 15 días de conocerse; la madre de la víctima le pidió que no asistiera por ser un hombre 10 años mayor, pero la agresión ocurrió cuando el sujeto la trasladaba de regreso a su domicilio.
La investigación del crimen estuvo marcada por irregularidades en la Fiscalía Especializada en Homicidios de Ixtapaluca, donde el personal desestimó el expediente con el argumento de que no existían pruebas; su madre Dulce Lizeth Contreras Plata asumió por cuenta propia la búsqueda de indicios e identificó nombres, apodos y ubicaciones que las autoridades ignoraron.
Adicionalmente la familiar denunció que el agente investigador Abel Romero le exigió una suma monetaria elevada para dar curso a las diligencias; tras la negativa de entrega del dinero, el servidor público se retiró de la institución e hizo la sustracción de las evidencias recabadas por la propia familia.
Ante la parálisis institucional y la impunidad, Dulce Lizeth se concentró primeramente a las afueras del Centro de Justicia de Ixtapaluca para encarar a las autoridades mexiquenses; en el sitio exigió la reclasificación de la carpeta de investigación al delito de feminicidio, la sanción a los elementos ministeriales por actos de corrupción y el cese a los tratos revictimizantes.
Posteriormente la madre de la víctima llevó sus demandas a la Ciudad de México mediante un bloqueo sobre la Calzada Ignacio Zaragoza a la altura de la estación del Metro Tepalcates; la movilización sobre arteria vial ocurrió durante la jornada de regreso a clases del lunes 31 de agosto, para exigir la intervención de las autoridades federales, así como la revisión sobre el desempeño de los jueces del Poder Judicial del Estado de México (PJEM).
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