El Poder Judicial del Estado de México (PJEM) prepara una regulación para impedir que jueces, juezas, magistrados y magistradas utilicen inteligencia artificial para elaborar o dictar sentencias, una práctica que podría ser considerada una falta ética de alta gravedad.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García, informó que el Órgano de Administración Judicial trabaja en los lineamientos que establecerán los límites para el uso de estas herramientas y las posibles sanciones en caso de incumplimiento.
Macedo García sostuvo que utilizar directamente una plataforma de IA para resolver un expediente implicaría que el juzgador no realizó personalmente el estudio y análisis del caso. Por ello, adelantó que la normativa contemplará “candados” para evitar que la tecnología sustituya la función de quienes imparten justicia.
Hasta ahora, el PJEM no ha detectado casos de jueces o magistrados que hayan utilizado inteligencia artificial para emitir resoluciones. Sin embargo, si se identifica alguno, el Tribunal de Disciplina Judicial tendría que intervenir.
La regulación no contempla prohibir el uso de inteligencia artificial dentro de los tribunales. La intención es establecer una diferencia entre utilizarla como herramienta de consulta y permitir que tome decisiones judiciales.
Para ello, el Poder Judicial mexiquense trabaja en el desarrollo de una IA institucional que será alimentada con información jurídica y contará con mecanismos para limitar sus funciones.
Entre las aplicaciones contempladas se encuentra la elaboración de oficios y otros documentos mediante comandos de voz, siempre con una revisión posterior por parte del personal.
El sistema podrá ayudar a localizar leyes, criterios de jurisprudencia y precedentes relacionados con un expediente, incluidos aquellos provenientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos.
De esta manera, una persona juzgadora podría utilizar la herramienta para encontrar información relacionada con un caso de violencia familiar, por ejemplo, pero la valoración de las pruebas, interpretación de las normas y decisión final seguirían bajo su responsabilidad.
El PJEM estima que este mecanismo podría reducir hasta en 50% el tiempo destinado a la búsqueda y revisión de precedentes jurídicos.
La implementación de esta herramienta está prevista para diciembre y comenzará con la materia laboral, con el objetivo de evaluar su funcionamiento antes de extenderla a otras áreas del Poder Judicial.
La regulación, sin embargo, todavía no está concluida. El Órgano de Administración Judicial deberá definir los lineamientos, los mecanismos de control y las sanciones antes de que la herramienta comience a operar.
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