El Ayuntamiento de San Martín de las Pirámides enfrenta un procedimiento administrativo que podría derivar en una multa de entre 300 mil y 8 millones de pesos por el manejo irregular de un antiguo tiradero de basura utilizado durante más de cinco décadas, además de los costos que implicará su saneamiento y clausura definitiva.
El procedimiento fue iniciado por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem), luego de que autoridades ambientales detectaran incumplimientos relacionados con las condiciones del sitio y con recomendaciones emitidas desde años anteriores para evitar contaminación y riesgos.
De acuerdo con el alcalde José Vicente Meneses, el municipio dejó de utilizar el tiradero y actualmente traslada sus residuos a un sitio autorizado en Zumpango. Sin embargo, el cambio de disposición representa un gasto adicional para las finanzas municipales debido a los recorridos que deben realizar los vehículos recolectores.
El problema no es reciente. Según los antecedentes citados por las autoridades ambientales, desde el 1 de junio de 2016 se había solicitado al Ayuntamiento realizar acciones para prevenir afectaciones al suelo y al aire, así como elaborar un proyecto de saneamiento y clausura del sitio.
Entre las deficiencias detectadas se encontraba la falta de infraestructura para controlar lixiviados y biogás, además de irregularidades en la conformación, compactación y cobertura de los residuos.
La situación también ha derivado en nuevos incidentes. En días recientes, se registró un incendio en el sitio de disposición final, el cual fue controlado por elementos de Bomberos y Protección Civil municipal.
El alcalde explicó que el terreno comenzó a utilizarse como tiradero hace más de 50 años sin contar con una autorización formal. Aunque el 20 de mayo de 2010 una administración municipal solicitó iniciar la clausura, el proceso no continuó y la disposición de residuos se mantuvo durante los siguientes gobiernos.
Entre 2019 y 2021 se realizaron trabajos de tratamiento y recuperación del lugar, pero tampoco se concretó su clausura oficial.
Fue en mayo de 2024 cuando la Propaem realizó una verificación y abrió el procedimiento administrativo que ahora podría representar una sanción económica para el municipio.
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