La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acaba de iniciar una de las etapas más pesadas de todo gobierno entrante: pagar las facturas de su antecesor en temas tan delicados como narcotráfico, relaciones con Estados Unidos y desorganización del T-MEC.
Aunque son muy evidentes los elementos que están señalando un cambio de la estrategia pasiva de “abrazos, no balazos”, la parte más importante de la estrategia de seguridad del Gobierno actual se localiza en las evidencias que señalan que las bandas del crimen organizado no garantizaron la gobernanza de sus territorios, sino que corrompieron a la sociedad y a la estructura política de poder para someterlos a su control.
La sola lista de decomisos, arrestos y violencia por territorios inmovilización revela la dimensión gravísima de la herencia negativa de la estrategia de seguridad de López Obrador. La argumentación de combatir las causas fue más demagógica que es estratégica, toda vez que el poder corruptor de la criminalidad cooptó con mayor intensidad a la sociedad de las zonas afectadas y los programas sociales se diluyeron en la ineficacia.
Sinaloa se sigue descomponiendo al grado de que ya se dieron las condicione de inexistencia de poderes y fuerzas constitucionales y el posicionamiento del gobernador Rubén Rocha Moya es prácticamente inútil. Palacio Nacional fue rebasado por los acuerdos del Chapo Guzmán y sus hijos y del Mayo Zambada y el desplazamiento de los familiares del Chapo revelaron el modelo de testigos protegidos.
Es cierto que las cifras de inseguridad estadística han disminuido, pero el activismo de los grupos delictivos en prácticamente la totalidad del territorio nacional llena los espacios de los medios de comunicación con información de violencia creciente, de enormes decomisos de droga que allí estaba y de –como en el caso de Sinaloa– una narcoguerra entre las facciones de los chapitos y los mayitos que en los hechos ha suspendido las garantías constitucionales.
El gobierno federal ha querido mantener la retórica de “abrazos, no balazos”, pero en el fondo paulatinamente las fuerzas de seguridad han tenido que intervenir para frenar el activismo del crimen organizado que había tolerado el Gobierno de López Obrador.
El escenario delictivo se enfila a un colapso general: el presidente Trump no quita el dedo del renglón en su objetivo de mandar tropas estadounidenses a combatir narcos en México y la Casa Blanca todavía no ha actuado contra los cárteles en modo ya de narcoterroristas.
O hay un golpe de timón integral en estrategia de seguridad o la violencia incrementará el intervencionismo de EU.
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