La nueva política comercial del gobierno de los Estados Unidos de América comenzó a afectarnos especialmente con la segunda administración del presidente Trump, cuya aversión al libre comercio “tradicional” y al déficit comercial de su País con otras economías, entre ellas la nuestra, era ya bastante conocida.
En su primer gobierno, el principal adversario en la materia fue China, a donde dirigió fundamentalmente sus ataques.
Sin embargo, la implementación actual de aranceles, aunque legalmente dudosa, ha afectado a gran parte del mundo.
Ante ello, el principal desafío en materia económica del gobierno de la presidenta Sheinbaum, hasta hace unas semanas era la defensa del Tratado de Libre Comercio con ese país y con Canadá, en que resultaba esencial lograr que las tres naciones decidieran renovarlo por 16 años más.
Esto daría certidumbre a las inversiones, nacionales e internacionales, en sectores relacionados con el comercio exterior, que son muchos.
Hay que recordar que se trata del principal motor de la economía nacional, el que más aporta al crecimiento económico -aun así, casi nulo-, y del cual dependen regiones enteras.
Por tanto, renovar el tratado era sumamente relevante, ante la constante caída en la inversión física, y la falta de nuevas inversiones en la tan cacareada inversión extranjera.
Lo anterior, debido no solo a la incertidumbre provocada por los conflictos geopolíticos y a la aplicación de aranceles, sino a decisiones de política interna, como la reforma judicial, las contrarreformas energética y educativa, el debilitamiento del Estado de Derecho, el encubrimiento de presuntos criminales al interior del régimen, la cancelación de inversiones importantes como el Aeropuerto de Texcoco, la opaca e improvisada implementación de inversiones públicas inútiles e irresponsables, como el Tren Maya y el AIFA, el aumento en el déficit fiscal y el debilitamiento de la hacienda pública, y la falta de una política industrial seria, entre otras.
Sin embargo, el objetivo no se logró, debido a que el gobierno de los EUA no aceptó renovar el tratado, por lo que éste será revisado cada año.
Si bien el Tratado seguirá operando, lo cual sin duda será un beneficio ante otras economías del mundo, su revisión seguirá provocando incertidumbre, lo cual no es bueno para la inversión productiva.
Será muy valioso el conocer, en algún momento, hasta dónde ciertas decisiones del gobierno federal pudieron haber influido en esta reacción del país vecino, en especial en materia de combate al crimen organizado, así como la falta de experiencia en materia de comercio internacional del secretario Ebrard y de su equipo, en el cual, con la premisa de que lo más valioso es la lealtad, no había expertos del nivel que se requería para la ahora fallida hazaña, como sí los hay en los gobiernos de las contrapartes, en especial el de los EUA.
Ante ello, aún hay desafíos enormes, como los derivados de los aranceles a ciertos productos nacionales, que afectan a sectores fundamentales del sector industrial y que tienen un valor muy relevante en el comercio con los EUA.
También se encuentra lo relativo a las reglas de origen.
En este sentido, hay una instancia que resulta fundamental para la evolución ordenada del comercio internacional, que es el sector aduanero, el cual requiere no solo modernizarse, sino limpiarse y controlarse de manera efectiva.
Baste recordar que buena parte del contrabando se debe a la corrupción, malas prácticas y falta de controles en las aduanas.
Un buen ejemplo de ello es el tristemente célebre huachicol fiscal, por lo cual solo han sido sancionados funcionarios menores.
Y no solo se trata del ámbito gubernamental, sino de las agencias y los agentes que realizan las operaciones.
Hay que reconocer que el comercio internacional no solo tiene un impacto económico o fiscal, también lo tiene en el medio ambiente, en la salud de la población, y en el combate al crimen organizado, entre otros ámbitos, por lo que resolver los desafíos del sector aduanero resulta tan relevante, ya que su labor resulta fundamental para la sana evolución de los mercados internos, el bienestar de los consumidores, la inversión, la competencia justa para las empresas, la recaudación tributaria y el crecimiento económico.
Hace unos meses el Congreso de la Unión realizó una amplia reforma a la Ley Aduanera.
Estos cambios legislativos buscaron, según los argumentos del gobierno al presentar su propuesta, poner orden en el sector aduanero, con medidas que tienen el objetivo de fomentar su eficiencia, aumentar los controles sobre su operación, y a combatir la corrupción y malas prácticas en el sector aduanero.
Por mencionar algunos de los elementos más sobresalientes que incluyó la reforma, se establece una vigencia prorrogable de las patentes y se solicita una constante certificación de los agentes, con lo que se busca que cumplan sus funciones de la mejor manera y que tengan un buen comportamiento.
También se suprimieron de la Ley Aduanera las excluyentes de los casos por los cuales los agentes y agencias resultan responsables, y se adicionaron causales de suspensión del actuar de los agentes en el ejercicio de sus funciones, al igual que los casos en los cuales no podrán solicitar nuevamente la autorización para obtener una patente de agente.
Por otro lado, y con el objetivo de asegurar un buen gobierno corporativo de las agencias y una adecuada rendición de cuentas, se obligó a que los agentes que sean socios de estas agencias, deban ser parte del consejo de administración de las mismas, y que son responsables solidarios del pago de los impuestos al comercio exterior y otras contribuciones, así como de las cuotas compensatorias, en relación con las operaciones que dicha agencia promueva.
Entre las nuevas restricciones y requisitos para ser agente, está el no ser servidor público ni estar inhabilitado, y que presentar su evolución patrimonial, al igual que no tener intereses con quienes realizan trámites de comercio.
Se estableció también que el agente deberá verificar que los importadores y exportadores cuenten con los documentos que acrediten el cumplimiento de las regulaciones, cuenten con infraestructura adecuada y no tengan vínculos con contribuyentes listados en lo que se conoce como “empresas factureras”.
También se conformó el Consejo Aduanero que integra a la SHCP la ANAM, al SAT y a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y escuchará las opiniones de otras dependencias, que conocerá y determinará en lo que respecta al otorgamiento de la patente de agente y de la autorización para agencia, así como de sus prórrogas y del procedimiento de inhabilitación, suspensión, cancelación o extinción.
Con ello se busca integrar a diversos ámbitos del gobierno, complicar los actos de corrupción, y asegurar una mayor profesionalización en el sector.
Algunos representantes del sector aduanero manifestaron ante los legisladores estar en contra de varias de las medidas que incluye la reforma, como la vigencia limitada que ahora enfrentarán las patentes y autorizaciones, los mayores requisitos para ser agente, los nuevos controles, y su responsabilización solidaria en varios rubros, entre otros aspectos que implican restricciones para su negocio, y que, según afirmaron, podrían alentar el flujo de mercancías en las aduanas e incluso desincentivar operaciones de comercio internacional.
Otro argumento en contra fue que la reforma no atacaría de manera efectiva el huachicol fiscal.
Sin embargo, la oposición no logró articular una argumentación sólida e inteligente, ni integrar cambios de redacción sobre diversas modificaciones a la iniciativa, que podían ser conducentes y mejorar el resultado.
Quizá no buscaron el espacio de negociación adecuado para influir en ella, pero lo cierto es que la aplastante mayoría del partido en el gobierno apoyó, con sus aliados, esta reforma, con muy pocos ajustes que surgieron del propio gobierno al final del proceso legislativo.
En este momento, ya hay algunas señales de que la implementación de la reforma ha derivado en problemas para el comercio internacional, según algunos agentes y especialistas del sector.
Esto se refleja en una menor recaudación y en la complicación de trámites que han provocado ineficiencias en las labores de las aduanas.
También hay quejas sobre el desempeño del Consejo Aduanero que integra a la SHCP la ANAM, al SAT y a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Es un buen momento para revisar a fondo y reformar en serio al sector aduanero nacional, con mejores herramientas para enfrentar de manera eficiente el crecimiento que se busca en el comercio internacional, tanto con Norteamérica como en otras latitudes, y estar listos para los desafíos que de ello deriva, asegurando que ese comercio fomente la inversión y beneficie a la economía sin afectar la salud de la población, dañar a la industria nacional ni promover el crimen organizado.
Una lucha efectiva contra la corrupción será esencial. Es lo justo.
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