En política, pocas cosas resultan tan peligrosas como los extremos. A primera vista parecería que Donald Trump y Daniel Ortega representan proyectos completamente opuestos. Uno se presenta como el líder del conservadurismo estadounidense y el otro pretende reivindicar las viejas banderas de la revolución sandinista. Sin embargo, cuando se observan sus acciones, aparece una coincidencia inquietante: ambos consideran que la democracia es un instrumento útil únicamente cuando les permite conservar o ampliar el poder. Cuando deja de servirles, buscan limitarla, manipularla o simplemente eliminarla.
El más feliz con las recientes declaraciones de Daniel Ortega es Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio. La torpeza política del mandatario nicaragüense, al afirmar que en Nicaragua ya no habrá elecciones para impedir que la oposición pueda regresar al poder, constituye el mejor argumento para quienes impulsan una nueva etapa de intervencionismo estadounidense en América Latina. Ortega, que alguna vez simbolizó la lucha contra una dictadura, terminó ofreciendo el discurso perfecto para justificar la presión diplomática, económica e incluso militar de Washington sobre los gobiernos considerados enemigos.
Hace apenas unos días, Donald Trump llamó a unir fuerzas para detener lo que denominó el terrorismo de extrema izquierda. El mensaje forma parte de una estrategia más amplia mediante la cual la Casa Blanca pretende reconstruir su influencia política en América Latina bajo el argumento de la seguridad continental. Apenas transcurrieron unos días cuando Daniel Ortega, durante un desangelado aniversario de la Revolución Sandinista, declaró que las elecciones dejarían de existir como mecanismo para disputar el poder en Nicaragua. Difícilmente Trump hubiera podido encontrar una mejor prueba para sostener su discurso.
Resulta irónico que Daniel Ortega, quien hace casi medio siglo encabezó una revolución que prometía democracia, justicia social y libertad para el pueblo nicaragüense, termine convertido en aquello mismo contra lo que luchó. Su permanencia en el poder ha estado acompañada por la persecución de opositores, el encarcelamiento de dirigentes políticos, el cierre de medios de comunicación, la expulsión de organizaciones civiles y la cancelación sistemática de las libertades. La revolución terminó convertida en una dinastía política encabezada por Ortega y Rosario Murillo, donde el poder familiar sustituyó los ideales democráticos.
Reconocer el carácter autoritario del régimen nicaragüense no significa aceptar automáticamente cualquier forma de intervención extranjera. Precisamente ahí aparece el segundo extremo. Donald Trump ha construido una política exterior basada en la presión permanente sobre los gobiernos latinoamericanos que no comparten sus intereses estratégicos.
El regreso de Trump a la Casa Blanca ha significado una política exterior mucho más agresiva hacia América Latina. Venezuela constituye el ejemplo más evidente. Tras la captura de Nicolás Maduro y el nuevo control político ejercido sobre ese país, la influencia estadounidense alcanzó niveles que recuerdan los viejos protectorados del siglo pasado. Conviene decirlo con claridad: Nicolás Maduro había destruido las instituciones democráticas venezolanas, encarcelaba opositores, restringía libertades y gobernaba mediante mecanismos profundamente autoritarios. Nada de ello, sin embargo, elimina el debate sobre los límites que debe tener la intervención de una potencia extranjera en otro Estado soberano.
Las elecciones venezolanas fueron otro ejemplo del deterioro democrático. La negativa del gobierno de Maduro a transparentar los resultados electorales terminó por destruir la poca legitimidad que todavía conservaba su administración.
La influencia estadounidense tampoco se ha limitado a Venezuela. La Casa Blanca intervino activamente durante las elecciones parlamentarias en Argentina, utilizando mecanismos de presión diplomática y respaldo económico que favorecieron a los aliados políticos de Javier Milei.
Un fenómeno semejante puede observarse en Chile y Colombia, donde el fortalecimiento de las fuerzas conservadoras ha estado acompañado por una intensa actividad diplomática estadounidense. Aunque los procesos electorales poseen dinámicas nacionales propias, tampoco puede ignorarse el peso de la cooperación política, los apoyos financieros y la construcción de narrativas internacionales impulsadas desde Washington.
En otro nivel de intensidad aparecen las permanentes presiones económicas y diplomáticas contra Cuba. La isla continúa ocupando un lugar prioritario dentro de la estrategia regional de Donald Trump, particularmente para satisfacer las demandas de sectores importantes de la comunidad cubano-estadounidense y de figuras como Marco Rubio. El endurecimiento de sanciones económicas y el aislamiento diplomático forman parte de una política que busca provocar cambios internos mediante el desgaste económico.
Paradójicamente, cada vez que un gobierno autoritario como el de Daniel Ortega elimina libertades o cancela procesos electorales, fortalece el discurso de quienes promueven una política exterior intervencionista desde Washington. Ortega se convierte así en el mejor aliado de Trump.
Lo verdaderamente preocupante consiste en que ambos extremos terminan compartiendo una misma lógica política: la desconfianza hacia la voluntad popular cuando ésta no favorece sus intereses. Ortega elimina las elecciones porque teme perderlas. Trump cuestiona los procesos democráticos cuando los resultados no le resultan favorables o impulsa una intensa presión internacional para influir sobre ellos.
La historia latinoamericana demuestra que la democracia ha costado demasiado para permitir que vuelva a ser destruida por caudillos de cualquier signo ideológico. Las dictaduras militares del siglo XX dejaron miles de desaparecidos, presos políticos, exiliados y profundas heridas sociales. Al mismo tiempo, varios gobiernos revolucionarios terminaron reproduciendo mecanismos igualmente autoritarios bajo el argumento de defender al pueblo.
Daniel Ortega llegó al poder impulsado por una revolución popular que despertó enormes expectativas dentro y fuera de Nicaragua. Años después regresó democráticamente mediante las urnas, pero una vez instalado nuevamente en la presidencia comenzó un proceso sistemático de concentración del poder que terminó destruyendo las instituciones democráticas que lo habían llevado de regreso al gobierno. Su historia representa una de las mayores traiciones políticas de la izquierda latinoamericana contemporánea, porque convirtió una revolución democrática en un régimen personalista y familiar.
Pero tampoco debe confundirse la crítica al régimen nicaragüense con una autorización para reeditar las viejas prácticas intervencionistas de Estados Unidos en América Latina. América Latina necesita fortalecer sus instituciones democráticas desde dentro y no mediante imposiciones externas. La solución frente a gobiernos autoritarios consiste en fortalecer los mecanismos regionales de defensa de los derechos humanos, promover elecciones libres, garantizar la independencia judicial, proteger la libertad de expresión y consolidar organismos multilaterales capaces de actuar con imparcialidad. La democracia sólo puede sobrevivir cuando los propios ciudadanos cuentan con instituciones fuertes para defenderla.
Los extremos políticos terminan alimentándose mutuamente. Las dictaduras de izquierda ofrecen argumentos para el intervencionismo de derecha. El intervencionismo extranjero, a su vez, fortalece los discursos nacionalistas de los gobiernos autoritarios. Es un círculo vicioso donde los únicos derrotados son los ciudadanos, quienes pierden libertades, oportunidades económicas y capacidad para decidir libremente el destino de sus países.
Nuestro continente necesita abandonar definitivamente esa falsa disyuntiva entre autoritarismo revolucionario e intervencionismo conservador. Ni Daniel Ortega representa hoy los ideales democráticos que inspiraron la Revolución Sandinista, ni Donald Trump encarna una defensa desinteresada de las libertades latinoamericanas. Ambos proyectos responden a lógicas de concentración del poder y ambos consideran que la democracia puede subordinarse a sus intereses políticos.
La verdadera defensa de la democracia exige rechazar simultáneamente a quienes cancelan elecciones desde Managua y a quienes pretenden decidir el destino de los pueblos desde Washington. La libertad política no puede sobrevivir donde desaparecen las urnas, pero tampoco florece bajo la sombra permanente de la intervención extranjera. América Latina ha pagado demasiado caro el precio de las dictaduras y de las injerencias internacionales como para volver a recorrer ese camino. Precisamente por ello, la mejor respuesta frente a los extremos consiste en fortalecer, sin ambigüedades, la democracia, el Estado de derecho y la soberanía de las naciones. Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
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