En abril de este año, el Gobierno de México presentó, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, su Plan Nacional de Inteligencia Artificial.
El documento pasó relativamente desapercibido en medio del vértigo informativo nacional.
Sin embargo, este fin de semana José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia, volvió a difundirlo en sus redes sociales.
No parece un hecho menor. Todo indica que los tiempos políticos, administrativos y legislativos en materia de inteligencia artificial comienzan a acelerarse.
Es una buena noticia. La IA avanza a una velocidad mucho mayor que las leyes y las instituciones encargadas de regularla.
El Plan Nacional de Inteligencia Artificial es un buen punto de partida porque abandona dos extremos igualmente equivocados.
El primero consiste en pensar que la inteligencia artificial resolverá por sí misma los problemas.
El segundo, creer que debe combatirse o frenarse porque representa una amenaza para el empleo, la privacidad y determinadas actividades humanas.
Ni tecnofilia ni tecnofobia. La IA llegó para quedarse y transformará profundamente nuestras sociedades.
La responsabilidad del Estado mexicano consiste en aprovechar sus posibilidades y, al mismo tiempo, establecer límites claros para proteger los derechos de las personas.
Regular no significa prohibir. Significa establecer reglas.
El Plan establece diez criterios que constituyen una especie de decálogo mexicano en la materia: la IA debe ampliar derechos y nunca reducirlos; toda decisión apoyada por IA debe tener responsables humanos; aquello que no pueda explicarse no debe automatizarse; su gobierno debe construirse colectivamente; debe generar bienestar; antes de automatizar hay que comprender sus consecuencias; la tecnología estratégica debe responder a las necesidades nacionales; deben fortalecerse la educación y el conocimiento; debe reconocerse nuestra diversidad cultural y lingüística, y los datos deben cuidarse responsablemente.
Son buenos principios.
El problema comenzará cuando haya que convertirlos en normas concretas.
El primer pilar del Plan es precisamente la construcción de un marco ético y legal sólido.
Se pretende definir lineamientos para el uso responsable de la inteligencia artificial en el sector público, crear mecanismos de evaluación de impacto y armonizar las normas aplicables.
La intención es evitar vacíos regulatorios y adoptar estándares internacionales compatibles con las condiciones mexicanas.
Aquí está uno de los mayores desafíos. México no puede simplemente copiar la legislación europea, estadounidense o china.
Necesitamos aprender de las experiencias internacionales, pero construir nuestro propio modelo regulatorio considerando nuestra Constitución, instituciones, desigualdades sociales y capacidades tecnológicas.
La regulación también es un asunto de soberanía. El segundo pilar se refiere a capacidades, talento y software público.
Probablemente éste sea uno de los aspectos más importantes del Plan. No existe soberanía tecnológica sin conocimiento.
México puede comprar computadoras, contratar servicios de nube o adquirir licencias, pero seguirá dependiendo tecnológicamente del extranjero mientras no sea capaz de desarrollar sus propias herramientas y formar especialistas.
Por eso resulta correcta la propuesta de vincular educación y empleo, desarrollar habilidades tecnológicas, fortalecer el inglés técnico y construir un ecosistema nacional que incluya software, infraestructura en la nube, ciberseguridad, procesos de negocio e inteligencia artificial.
La revolución tecnológica también se disputa en las aulas. El tercer pilar es la infraestructura estratégica para alcanzar la soberanía tecnológica.
El proyecto emblemático es Coatlicue, la supercomputadora pública mexicana que el Gobierno proyecta como la más poderosa de América Latina.
El proyecto contempla colaboración con el Barcelona Supercomputing Center y busca proporcionar capacidad nacional para procesamiento masivo de datos, investigación científica y desarrollo de inteligencia artificial.
El Gobierno también ha establecido que esta infraestructura deberá atender problemas estratégicos nacionales y fortalecer la seguridad de la información.
La construcción de capacidad propia es fundamental: un país que depende totalmente de infraestructura extranjera difícilmente puede hablar de soberanía tecnológica.
También debemos comenzar a discutir la inteligencia artificial como parte de los servicios públicos.
En los próximos años veremos sistemas de IA participando en educación, salud, seguridad, movilidad, administración tributaria, justicia, programas sociales y prácticamente todos los ámbitos gubernamentales.
Cuando un algoritmo participa en una decisión pública deja de ser únicamente una herramienta tecnológica.
Se convierte en parte del ejercicio del poder público. Por eso cualquier persona afectada por una decisión automatizada debe tener derecho a conocer que intervino un sistema de inteligencia artificial, solicitar una explicación, identificar al servidor público responsable e impugnar la determinación ante una persona y no ante otra máquina.
Un tercer elemento consiste en reconocer a los programas y sistemas de inteligencia artificial como parte de las nuevas tecnologías cuyo desarrollo corresponde promover al Estado mexicano.
No significa que el gobierno deba sustituir a las empresas privadas ni convertirse en desarrollador único de tecnología.
Significa aceptar que determinadas capacidades tecnológicas tienen carácter estratégico.
Durante décadas México asumió que prácticamente toda la tecnología podía comprarse en el mercado internacional.
Ese modelo genera dependencia. El Estado debe invertir en investigación, universidades, centros públicos, infraestructura, software público y formación de talento.
La soberanía del siglo XXI también dependerá de quién controla los datos, los algoritmos y la capacidad de cómputo.
El cuarto tema, quizá el más delicado, son los usuarios. Una futura legislación mexicana sobre inteligencia artificial debe construirse pensando primero en las personas y no solamente en las empresas desarrolladoras.
Particular atención requieren niñas, niños y adolescentes. Los menores están expuestos a algoritmos de recomendación, generación de contenidos, asistentes conversacionales, manipulación de imágenes y mecanismos capaces de construir perfiles extraordinariamente detallados de sus preferencias y comportamiento.
La protección de sus datos, identidad, imagen y desarrollo debe ocupar un capítulo especial.
También deben establecerse responsabilidades claras respecto de contenidos sintéticos, suplantaciones de identidad y los llamados deepfakes.
El Congreso tiene enfrente una tarea considerable. Desde 2023 se han presentado decenas de iniciativas relacionadas con inteligencia artificial.
Un recuento identifica 85 propuestas acumuladas y 67 todavía pendientes.
La cantidad demuestra interés legislativo, pero también dispersión.
Existen propuestas constitucionales, proyectos para expedir nuevas leyes y reformas a ordenamientos existentes.
El riesgo es construir un Frankenstein jurídico: muchas reformas parciales, conceptos diferentes y obligaciones contradictorias.
Antes de aprobar decenas de modificaciones aisladas sería conveniente establecer una visión general, determinar competencias federales y locales y decidir qué materias requieren una legislación general y cuáles regulación sectorial.
La discusión tampoco puede reducirse a decidir si México necesita una Ley de Inteligencia Artificial. Antes debemos responder qué queremos regular, para qué y con qué instrumentos.
Una legislación excesivamente rígida puede quedar obsoleta antes de entrar plenamente en vigor; una regulación demasiado laxa dejará indefensos a los ciudadanos frente a gobiernos y empresas.
México llega relativamente tarde a esta discusión, pero todavía está a tiempo de hacerlo bien.
El Plan Nacional de Inteligencia Artificial ofrece una ruta inicial que combina derechos, formación de talento, software público e infraestructura tecnológica.
Coatlicue y la cooperación internacional muestran que existe una apuesta gubernamental por construir capacidades propias; incluso México y España acaban de ampliar su cooperación en inteligencia artificial, ciberseguridad, supercomputación y transformación digital.
Ahora corresponde al Congreso transformar principios en derechos y responsabilidades.
La pregunta ya no es si debemos regular la inteligencia artificial. La verdadera discusión es cómo hacerlo sin detener la innovación, pero sin permitir que los algoritmos terminen decidiendo aquello que corresponde decidir a los seres humanos.
Esa discusión apenas comienza. Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
*@onelortiz
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