La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio por posibles irregularidades en el uso de recursos públicos y la asignación de contratos del Instituto Nacional Electoral (INE). El organismo fiscalizador informó que ya cuenta con indicios de posibles conflictos de interés, colusión entre participantes y triangulación de recursos.
La indagatoria no se limita al órgano electoral federal. De acuerdo con la ASF, también abarca a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), personas servidoras públicas, empresas y proveedores que pudieran estar relacionados con las contrataciones bajo revisión.
En un comunicado difundido este viernes, la Auditoría señaló que cuenta con elementos que justifican iniciar las pesquisas y aseguró que actuará con independencia, objetividad y rigor técnico, con base en las facultades que recientemente le fueron otorgadas en materia de investigación.
“Ya se cuenta con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos”, informó la dependencia encabezada por Aureliano Hernández Palacios Cardel.
La apertura de la investigación ocurre después de que medios de comunicación publicaran reportes sobre presuntas anomalías financieras en contratos del INE, institución presidida por la consejera Guadalupe Taddei, quien ha rechazado los señalamientos de favoritismo y posibles conflictos de interés.
Sheinbaum pide esclarecer posibles actos de corrupción en el INE
El anuncio de la ASF coincide con los cuestionamientos públicos sobre la asignación de contratos a empresas proveedoras del órgano electoral. Durante su conferencia matutina de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que no debe quedar ninguna sombra de corrupción en el INE y planteó que se realicen las auditorías necesarias para esclarecer las denuncias.
La mandataria no exigió la renuncia de Taddei y dejó en manos de la propia consejera presidenta y de las autoridades correspondientes las decisiones sobre su permanencia. No obstante, insistió en que las posibles irregularidades deben investigarse y que, si existen elementos, deben presentarse ante las instancias competentes.
Las publicaciones periodísticas que detonaron la polémica han señalado presuntas anomalías en contratos y posibles relaciones entre funcionarios y proveedores. Sin embargo, los señalamientos no constituyen por sí mismos una resolución sobre responsabilidades administrativas o penales.
Taddei ha negado que exista favoritismo en la contratación de empresas y ha defendido la actuación del instituto. La investigación de la ASF deberá determinar el alcance de las posibles irregularidades y si existen elementos para fincar responsabilidades.
La revisión anunciada por la Auditoría también contempla posibles vínculos entre las empresas contratistas, funcionarios y otros participantes en los procesos de adquisición. La mención de presuntas colusiones y triangulación de recursos apunta a que las pesquisas no se limitarán a revisar expedientes de contratación, sino que buscarán esclarecer posibles relaciones e intercambios financieros vinculados con las operaciones bajo sospecha.
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