Fue un montaje, una burda mentira el caso de la española Maricarmen fallecida recientemente y en España obligó a un ejercicio de mesura y contención para develar la verdad respecto a un hecho que se cayó al salir a la luz, que todo fue planeado por el gobierno de Pedro Sánchez.
OK Diario publicó una información que ciertamente desvirtúa el relato construido en torno a esta octogenaria convertida en referente social y moral de una izquierda que la elevó a sus particulares altares para manipular e invertir la realidad.
Sin embargo, la vivienda, el gran fracaso del sanchismo convertida en ariete de la campaña electoral aprovechando el desahucio y muerte de Maricarmen, advirtió OK Diario.
Entre los dirigentes socialistas hay quienes veían buitres en casa ajena sin reparar en los buitres de la propia, como le ocurrió a la ya extinta portavoz socialista Montse Mínguez.
Lo cierto es que Maricarmen fue víctima de un fondo buitre —una falsedad en toda regla—, los buitres del fondo —Pedro Sánchez al frente de la cuadrilla progresista— ya saben que el tiro les ha salido por la culata.
Dicho medio español señaló que Maricarmen, su historia, era un gigantesco embuste.
Su muerte obliga a la mesura por una elemental cuestión de respeto, pero la mesura no es incompatible con contar la verdad: Maricarmen fue consejera y administradora de una de esas empresas a las que la izquierda —jamás OKDIARIO— llama «fondos buitre». Ironías del destino.
El caso de doña Maricarmen se ha utilizado como una pieza perfecta de propaganda política. Una señora mayor, una vivienda en Madrid, un supuesto «fondo buitre», una subida «abusiva» del alquiler y un Gobierno dispuesto a presentarse como defensor de los vulnerables. Es pura mentira y propaganda. Con los datos conocidos, el relato de la izquierda caviar no se sostiene.
El contrato original se firmó en 1956 bajo el régimen de renta antigua de Franco y quedó extinguido conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. La segunda subrogación de la hija se produjo en 2005, fuera del supuesto legal que habría permitido mantener el contrato y sin una situación que pudiera justificar una excepción.
La extinción contractual fue declarada por la Audiencia Provincial de Madrid y posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo. La sentencia es firme desde hace tres años. Se puede lamentar la situación personal de la inquilina, pero una democracia no puede sustituir las resoluciones judiciales firmes por campañas políticas basadas en consignas.
El importe de 250.000 euros correspondía a la notificación del derecho de tanteo de la inquilina ante una venta realizada por el propietario anterior, no a una oferta de compra formulada por la empresa. Y la cifra de 1.650 euros no es una oferta contractual de la empresa.
Sin embargo, la compañía sostiene además que, a petición de la representación legal de la inquilina, indicó hace tres años que podría considerarse un nuevo alquiler con una bonificación de entre el 40 % y el 50 % sobre el precio de mercado.
Ok Diario precisó que no se exigió una subida inmediata ni se planteó un contrato de 1.650 euros como condición para continuar en la vivienda.
Al final se dio a conocer que la propiedad toleró la permanencia de la inquilina durante años a pesar de existir una sentencia firme de extinción.
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