El mito fundacional de la transición democrática en México construyó —con paciencia— una narrativa casi sagrada alrededor del árbitro electoral.
Se vendió a la ciudadanía la idea, acaso reconfortante, de que la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) —y su posterior metamorfosis en el Instituto Nacional Electoral (INE)— constituía un santuario inexpugnable de probidad, profesionalismo e imparcialidad.
Sin embargo, la memoria selectiva del debate público suele pasar por alto que las sombras de la opacidad, la negligencia, la corrupción administrativa y el uso del erario como patrimonio personal no comenzaron, en modo alguno, con la actual administración del organismo.
La gestión de Guadalupe Taddei Zavala no es un fenómeno aislado en una historia impecable; es, por el contrario, el capítulo más reciente de una larga —y dolorosa— secuencia de degradación institucional que ha atravesado distintas épocas y presidencias del consejo general.
Para entender este proceso de erosión, es preciso retornar a la que muchos consideran la era dorada de la autoridad electoral: la presidencia de José Woldenberg (1996-2003). Bajo el halo de prestigio intelectual y ciudadano que rodeó la consolidación del IFE autónomo, ocurrió uno de los episodios de vulneración de la privacidad y negligencia más graves en la historia del Estado mexicano.
En marzo de 2003, la revelación internacional de que la empresa estadounidense ChoicePoint poseía y comercializaba el padrón electoral mexicano —con los datos de más de 58 millones de ciudadanos— sacudió los cimientos del instituto.
Aunque las investigaciones determinaron que empleados de la empresa Soluciones Mercadológicas en Base de Datos sustrajeron del Registro Nacional de Población (RENAPO) el padrón para venderlo por apenas 400 mil pesos, el evento dejó al descubierto la fragilidad institucional.
Pese a que el Segundo Tribunal Unitario fijó sanciones por 1,658 millones de pesos e imputó a los involucrados, estos quedaron libres bajo fianza al clasificarse únicamente como «revelación de secreto», sentando un precedente de impunidad administrativa que marcaría a las gestiones venideras.
Años más tarde, con la transformación en INE y con la llegada de Lorenzo Córdova Vianello a la presidencia ejecutiva (2014-2023), la discrecionalidad administrativa no desapareció, sino que se sofisticó mediante mecanismos financieros opacos e investigaciones hoy vigentes en la Fiscalía General de la República (FGR).
El Órgano Interno de Control (OIC) detectó que entre 2018 y 2021 se acumularon alrededor de 500 millones de pesos en fideicomisos alimentados por plazas no ocupadas que no se reintegraron a la Tesorería, alcanzando aportaciones superiores a los 5,500 millones de pesos.
A esto se sumaron irregularidades señaladas por el contralor Luis Osvaldo Peralta en contratos multimillonarios: la licitación de arrendamiento vehicular por mil 37 millones de pesos con inconsistencias documentales y pagos no justificados, la contratación de una «memoria de gestión» por 12 millones sin entregables completos, y carpetas abiertas en la FGR por simulación de servicios y licitaciones amañadas en la producción de credenciales e insumos (contratos INE/049/2022 y INE/059/2022) que suman un acumulado de presuntas irregularidades por más de 400 millones de pesos.
Llegar al presente escenario bajo la conducción de Guadalupe Taddei Zavala (2023-presente) no representa, por tanto, una ruptura con el pasado, sino el agravamiento de un patrón histórico de descomposición.
Los señalamientos por conflictos de interés se reavivaron tras la adjudicación directa de 195 millones de pesos para la producción de materiales electorales luego de declarar desierta una licitación pública en febrero de 2025, lo que derivó en solicitudes de auditoría ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) e investigaciones en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por firmas como Corporativo Zeg y Cajas Graf, cuyos representantes legales mantenían vínculos con el entorno operativo e interno de la cúpula electoral.
A esta opacidad en los procedimientos de proveeduría se suma la erosión de la colegialidad: con la reforma legal que le otorgó facultades unilaterales para nombrar mandos directivos, la Presidencia pasó a administrar de forma directa más de 13 mil millones de pesos de presupuesto operativo anual, tras mantener a 9 de las 17 áreas clave bajo el esquema extraordinario de «encargados de despacho» durante más de un año y afrontar impugnaciones internas por vulnerar los criterios de paridad y meritocracia.
La historia del IFE y del INE muestra que el arbitraje electoral en México ha arrastrado desde su origen vicios estructurales, complicidades con grupos privados y una constante tentación de convertir al organismo en un espacio de beneficio privado o partidista.
Pretender que antes existía una institución pulcra e inmaculada es desconocer la historia; entender que el INE atraviesa por una larga cadena de inconsistencias éticas es el primer paso para exigir una verdadera transformación que devuelva al órgano electoral su sentido de servicio público y rigurosa imparcialidad.
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