En un fallo de trascendencia jurídica para la violencia intrafamiliar, un tribunal de la Ciudad de México impuso una condena de más de 23 años de prisión a Gema ‘N’ por someter a su propia hija, Giovanna Richer, a un esquema continuo de explotación sexual desde la infancia.
La determinación judicial contempla dos encuadres legales distintos debido a las reformas en el código penal: los abusos cometidos durante la niñez de la afectada se catalogaron como lenocinio agravado, mientras que las agresiones perpetradas tras su mayoría de edad configuraron el delito de trata de personas.
La acusación formal se presentó en 2022, momento en que la víctima expuso la historia que vivió desde los cuatro años con una expareja de su madre, y la posterior red de prostitución a la que fue sometida a los diez años con un sujeto que entregaba dinero bajo el pretexto de financiar sus estudios.
Tras sufrir este patrón de agresiones durante casi una década, la joven logró escapar al cumplir la mayoría de edad, para establecerse en el extranjero y alejarse por completo de su núcleo familiar.
A pesar de la distancia física, la agresora reapareció años más tarde para amenazar y extorsionar a su hija con la advertencia de revelar su pasado a su esposo, chantaje que impulsó a la víctima a recurrir a las autoridades e iniciar el proceso que culminó con la captura de la imputada en septiembre de 2023.
El juzgador ratificó la medida de prisión preventiva para la procesada, tras evaluar que la libertad de la acusada representaba un peligro latente para la afectada, decisión respaldada por el acompañamiento de activistas y colectivos feministas en las instalaciones del tribunal capitalino.
La defensa de la sentenciada interpuso un recurso de apelación ante la Sala Novena Penal con la intención de revertir el fallo o reducir la cantidad de años en prisión; ante esto, la representación legal de la víctima adelantó que promoverá un amparo directo en caso de que la resolución de segunda instancia no confirme la sanción inicial.
Aunque la sentencia establece un avance en el acceso a la justicia, la detención del cómplice, José ‘N’, quien pagó por los abusos durante años, permanece como una asignatura pendiente para las autoridades.
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