La nueva acusación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, podría modificar el escenario de su liberación, prevista para 2026, luego de que se le imputara el delito de peculado por un presunto desvío de recursos públicos destinados a personas con discapacidad.
De acuerdo con la acusación federal, el exmandatario habría participado en el desvío de aproximadamente 5 millones de pesos provenientes del Fondo para Apoyo a Personas con Discapacidad, recursos que debían destinarse a programas sociales en la entidad. Esta nueva imputación se suma a la condena que actualmente cumple por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Actualmente, Javier Duarte cumple una sentencia de nueve años de prisión en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, misma que concluiría en abril de 2026. Sin embargo, si la nueva causa penal prospera y es declarado culpable, podría recibir hasta 14 años adicionales de prisión, lo que extendería su permanencia en prisión más allá de la fecha prevista para su liberación.
Durante la audiencia celebrada este jueves en el Centro de Justicia Federal, el juez de control determinó imponer prisión preventiva justificada, por lo que Duarte permanecerá recluido mientras se resuelve su situación jurídica. La FGR sostiene que cuenta con 38 datos de prueba que apuntan a la probable responsabilidad del exgobernador en el presunto desvío de recursos públicos.
El exmandatario rechazó las acusaciones y calificó el caso como infundado ante el juez Gustavo Aquiles Villaseñor. Duarte aseguró que únicamente aparece mencionado en tres de los elementos presentados por la fiscalía y sostuvo que ninguno lo vincula directamente con la comisión del delito.
El exfuncionario también cuestionó la validez de algunos de los documentos presentados, entre ellos un decreto emitido durante su administración en 2011, argumentando que su existencia no implica responsabilidad penal. Asimismo, puso en duda la credibilidad de uno de los testigos colaboradores incluidos en la carpeta de investigación.
La audiencia llamó la atención por la ausencia de los abogados titulares del exgobernador, entre ellos Pablo Campuzano, quien, según se informó, se encuentra hospitalizado. Aunque Duarte contó con representación legal de su despacho, la ausencia de su defensa principal ya había provocado retrasos en etapas previas del proceso.
Ahora, la nueva acusación determinará si su permanencia en prisión se prolonga o si podrá recuperar su libertad conforme al calendario originalmente establecido. El proceso continuará en las próximas semanas, cuando el juez determine si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por el delito de peculado, lo que definirá su futuro legal.
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