Obligado a firmar Cartas de Intención de política económica con el Fondo Monetario Internacional desde 1976 y a aceptar revisiones de misiones técnicas de ese organismo, la evaluación difundida el pasado 15 de octubre revela severas restricciones al crecimiento económico en los próximos dos años, indicios de crisis en las finanzas públicas y una tendencia imparable a la desaceleración del PIB.
Aunque la última evaluación fue hecha durante las últimas semanas del Gobierno del presidente López Obrador, la declaración oficial del personal técnico del FMI mostró indicios severos de crisis financiera en los primeros 15 meses del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con datos que revelan las inconsistencias de todos los informes del secretario mexicano de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.
El punto central de estas declaraciones oficiales del Fondo radica en el planteamiento a veces directo y a veces medio disfrazado de que la política económica de México no está cumpliendo con los compromisos de estabilización macroeconómica adquiridos con el organismo internacional para aplicar el pensamiento económico fondomonetarista-neoliberal en un gobierno de expresiones populistas. Las advertencias de crisis podrían llevar a la exigencia del Fondo de que México regrese del populismo y se someta al cumplimiento de las exigencias de estabilización macroeconómica neoliberal.
En un solo párrafo, el primero, la evaluación del Fondo deja entrever la crisis económica que se le viene al Gobierno de Sheinbaum al cerrar el año 2024 y las restricciones que enfrentará en el 2025:
“La actividad se está desacelerando. A pesar de una postura fiscal expansiva, el crecimiento está perdiendo vigor y rondará 1.5% este año. En parte debido a limitaciones de capacidad y una postura monetaria restrictiva. Se prevé que la prolongación de esa postura y la desaceleración de la actividad reduzcan la inflación a la meta de 3% de Banxico en 2025. El déficit de la cuenta corriente aumentaría ligeramente en 2024, ya que el crecimiento de las exportaciones se vería superado por el de las importaciones de capital y de consumo. Los riesgos para el crecimiento están sesgados a la baja, en tanto que los de inflación continúan sesgados al alza. Entre los factores que podrían lastrar el PIB cabe mencionar un crecimiento más débil de lo previsto en Estados Unidos, la agudización de la aversión mundial al riesgo y efectos inesperados de las recientes reformas institucionales. Por otra parte, una demanda estadounidense de importaciones que supere las expectativas o la actual reconfiguración de las cadenas mundiales de valor podrían estimular la actividad y las inversiones del exterior.”
De nueva cuenta, los técnicos del Fondo ponen el dedo en la llaga: el déficit presupuestal que debiera ser de 2% cerrará 2024 en 5.9%, lo que estaría presionando a las finanzas públicas para aumentar los ingresos artificiales o disminuir los gastos y programas sociales. Lo dice con claridad el reporte: aunque “las autoridades están comprometidas a cumplir su meta fiscal para 2024”, “actualmente, se prevé que el déficit general del año sea de 5.9% del PIB, un impulso fiscal de alrededor de 2% del PIB que colocaría la deuda bruta del sector público cerca de 58% del PIB para fines de 2024. El aumento del gasto en grandes proyectos de infraestructura, los salarios, las pensiones y el gasto social está contribuyendo al respaldo fiscal de la economía. Sin embargo, existe el riesgo de que el apoyo adicional a Pemex y/o un gasto superior al previsto en proyectos de infraestructura den lugar a un ligero sobrecosto fiscal para finales del año.”
El dilema que plantean los técnicos del Fondo es el de estabilizar la economía con disminución del gasto o aumento de los ingresos y en su último reporte de nueva cuenta insiste en la necesidad de una reforma fiscal integral:
“Se necesita una estrategia fiscal de mediano plazo para reducir los déficits y la deuda, incrementar los ingresos tributarios y crear el espacio fiscal necesario para inversiones en capital humano y físico. Esto requeriría implementar una reforma tributaria integral al inicio del nuevo gobierno, una reducción duradera del déficit fiscal acompañada de una cuidadosa fijación de prioridades de gasto público, y la corrección de las desigualdades en el sistema de pensiones. También es importante y prioritario abordar los desequilibrios entre el presupuesto federal y Pemex, y mejorar la gobernanza empresarial de esta última.
Sin embargo, los funcionarios mexicanos han insistido en que una reforma fiscal rompería con los acuerdos de estabilización política con el sector empresarial y afectaría de manera directa la política asistencialista.
Asimismo, el reporte del Fondo se mete con la reforma judicial en tanto que, desde su punto de vista, afecta la certidumbre económica, aunque se trataría de una referencia que escapa de la técnica del objetivo central del FMI: la inflación a través de una estabilidad macroeconómica, donde todavía no se entienden las razones para involucrar un tema como el judicial. Pero la referencia de los técnicos del Fondo quedó inscrita en su reporte a las autoridades del organismo:
“Las reformas judiciales recientes generan una importante incertidumbre sobre la efectividad del cumplimiento de los contratos y la previsibilidad del estado de derecho. El reemplazo de jueces en varios niveles del Poder Judicial el próximo año representa una nueva fuente de incertidumbre que podría influir en las decisiones de inversión privada. Es fundamental que esta reforma se lleve a cabo de una manera clara y predecible que garantice la independencia y el profesionalismo del Poder Judicial y fortalezca el estado de derecho. Las proyecciones centrales actuales formuladas por el personal técnico no contemplan efectos negativos a causa de estos focos de incertidumbre.”
El tema central del reporte del Fondo se localiza en la política fiscal:
“México necesita implementar una consolidación fiscal creíble a mediano plazo, respaldada por medidas de política bien definidas. El plan de las autoridades entrantes de iniciar una importante consolidación fiscal en 2025, que debería reducir el déficit a menos de 3% del PIB a mediano plazo, recalca el compromiso de México con la prudencia fiscal. Para ello será necesario definir y aplicar medidas fiscales complementarias, que incluyan preferentemente una reforma fiscal integral. En particular, el presupuesto de 2025 debería centrarse en reducir el gasto fiscal y reevaluar las tasas y los umbrales impositivos, especialmente en el impuesto sobre la renta a las personas físicas. Una mejor racionalización del gasto, incluidas las excepciones fiscales, y una mejor administración tributaria contribuirían a este ajuste necesario y afianzarían la confianza del mercado.”
Y en las recomendaciones del Fondo en escenarios no directamente económicos pero sí con influencia en la dinámica productiva los técnicos incorporaron el tema central de la inseguridad:
“Abordar el crimen, la inseguridad y la corrupción impulsaría la inversión y la creación de empleo. El aumento de la violencia desde 2007 ha producido efectos perjudiciales en los mercados laborales, incrementado la estructura de costos y sembrado incertidumbre entre las empresas que operan en el país. La percepción de corrupción judicial, la interferencia política y la presión por parte del crimen organizado daña el clima de negocios y compromete la previsibilidad del estado de derecho. Las reformas a la gobernanza deberían priorizar el establecimiento de un sistema robusto de declaración de activos, una protección jurídica adecuada para los denunciantes de irregularidades y una mayor eficacia por parte de las instituciones dedicadas a la lucha contra la corrupción. Se necesitan fuertes salvaguardas del profesionalismo y la independencia judicial para que las disputas comerciales culminen en resoluciones equitativas y los contratos sean exigibles.”
Una de las prioridades de la técnica de estabilización macroeconómica del Fondo está en el equilibrio fiscal de las finanzas públicas. Y hay dos datos que incluyen en sus estadísticas que debieran preocupar a las autoridades mexicanas: el saldo fiscal global será de -5.9% en 2024 y la meta de bajarlo a 3.5% implicará disminuciones en el gasto o aumentos en los ingresos vía reformas fiscales. Y el Fondo cruza el dato de déficit disminuyendo con el uso de deuda del sector público para estabilizar las finanzas, colocando la deuda bruta gubernamental en 57.9%, una cifra más alta de la que la Secretaría mexicana de Hacienda ha querido reconocer.
El reporte del Fondo le manda un mensaje directo al Gobierno de la presidenta Sheinbaum: regresar a la estabilidad macroeconómica y hacer ajustes fiscales o sobrecalentar las finanzas públicas y seguir teniendo malos resultados en 2024 y 2025.
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