Hay imágenes que sobreviven a las épocas porque terminan convirtiéndose en lecciones democráticas. Una de ellas es una página en blanco.
El 8 de julio de 1976, Julio Scherer García y un grupo de periodistas salieron de Excélsior, en uno de los episodios más emblemáticos de la relación entre el poder político y la prensa en México. Aquel episodio, conocido como el “golpe a Excélsior”, terminó convirtiéndose en un símbolo de los riesgos que enfrenta la libertad de expresión cuando el poder pretende intervenir en la línea editorial de un medio.
Casi medio siglo después, aquella experiencia obliga a hacernos una pregunta: ¿cómo podemos defender a quienes reciben información sin darle a nadie el poder de decidir qué pueden publicar quienes la producen?
La pregunta es especialmente pertinente frente a la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer los derechos de las audiencias. Su planteamiento parte de una premisa que considero correcta: quienes escuchan, leen y consumen información también tienen derechos y deben contar con mecanismos para hacerlos valer.
La propia presidenta ha sido clara en un punto fundamental: defender a las audiencias no significa censurar a los medios. Incluso ha planteado que los lineamientos pueden adecuarse para hacer más claros sus alcances y evitar cualquier interpretación que vulnere la libertad de expresión.
Y ahí está precisamente el desafío.
Hoy ya no somos solamente lectores de periódicos, radioescuchas o espectadores de televisión. También recibimos información mediante portales digitales, redes sociales y plataformas de video. Tenemos acceso a más información que nunca, pero también enfrentamos errores, desinformación, contenidos sin contexto y una creciente dificultad para distinguir entre información, opinión y propaganda.
Ante esta realidad, preguntar quién defiende a las audiencias no es un ataque contra el periodismo. Es una pregunta democrática.
La respuesta, desde luego, no debe ser un censor.
Un defensor de las audiencias puede recibir quejas, analizar posibles vulneraciones, solicitar explicaciones, facilitar el derecho de réplica, promover la corrección de errores y emitir recomendaciones. Puede convertirse en un puente entre los medios y quienes reciben sus contenidos.
Pero sus límites deben ser absolutamente claros.
No debe ordenar qué publicar, retirar una información porque resulte incómoda, determinar qué opinión es correcta ni imponer una línea editorial. Mucho menos puede convertirse en un instrumento del gobierno para castigar a periodistas críticos.
Ahí está la diferencia entre responsabilidad y censura.
Un medio debe tener libertad para investigar, cuestionar al poder, equivocarse y sostener una postura editorial. Pero también debe asumir la responsabilidad de escuchar a su audiencia, reconocer errores y responder cuando una persona considere que sus derechos fueron vulnerados.
Por eso respaldo que se avance en una defensa efectiva de las audiencias. Y respaldo también que la propuesta de la presidenta Sheinbaum sea discutida, perfeccionada y, sobre todo, blindada contra cualquier posibilidad de uso censor. Una buena regulación no debe tener como objetivo controlar contenidos, sino garantizar derechos.
La historia de Scherer y Excélsior nos recuerda por qué debemos desconfiar de cualquier poder que pretenda controlar la libertad de expresión. Pero defender esa libertad tampoco significa asumir que los medios son infalibles o que las audiencias carecen de derechos.
Una democracia madura puede defender ambas cosas al mismo tiempo: medios libres para informar, investigar y cuestionar; audiencias libres para preguntar, reclamar y exigir responsabilidad.
El desafío no es escoger entre periodistas y ciudadanos. Es construir reglas que protejan a ambos.
Porque defender a las audiencias no debe significar controlar a los medios. Debe significar hacer más democrática la relación entre quienes informan y quienes tienen derecho a ser informados.
*Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México
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