Por Julieta del Río/ ProcesoEn 2024 comenzó la desaparición de los organismos autónomos en México. Mediante reformas y decretos fueron cayendo instituciones que durante años representaron contrapesos frente al poder.
En 2025 sobrevivieron, entre otras, dos instituciones fundamentales para nuestra democracia y nuestros derechos: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral.
Hoy quiero detenerme en el INE.
Una institución cuya principal tarea es organizar elecciones y garantizar certeza no puede darse el lujo de generar dudas entre los ciudadanos. La autonomía no se proclama: se demuestra con hechos. Y en las últimas semanas hemos visto decisiones de la mayoría de los consejeros y consejeras que, por lo menos, generan inquietud sobre su imparcialidad.
Ya habíamos visto un primer episodio. El INE pretendió implementar una metodología para “monitorear” expresiones que podían incluir sarcasmo, ironía o formas indirectas de descalificación. ¿Quién determinaría qué era sarcasmo? ¿Quién interpretaría la ironía? ¿Con qué criterios?
El riesgo era evidente: dejar en manos de una interpretación subjetiva aquello que ciudadanos, periodistas o medios podían expresar. El Tribunal Electoral terminó echando abajo esa parte de la metodología.
El INE debe ser árbitro, no censor; debe garantizar condiciones equitativas, no convertirse en intérprete de nuestras expresiones.
Pero ahora aparece un nuevo motivo de preocupación: las llamadas “boletas planchadas”.
¿Qué es una boleta planchada? Es una boleta que aparece sin los dobleces que normalmente tendría después de que un ciudadano la marca y la deposita en la urna.
La propia legislación establece que el elector debe doblar las boletas antes de depositarlas. Además, durante la sesión del Consejo General del INE se explicó que, por las dimensiones de la boleta y de la ranura de la urna, una boleta utilizada debe doblarse para poder ser introducida.
Si aparece una boleta completamente plana dentro del paquete electoral, ¿cómo llegó ahí? La pregunta no es menor, porque serán los consejos distritales quienes determinen si esas boletas deben considerarse válidas o no.
No significa automáticamente que exista fraude. Sería irresponsable afirmarlo sin una investigación. Pero sí constituye una anomalía que debe ser investigada, documentada y explicada.
Porque si una boleta aparece sin doblez, ¿cómo podemos tener certeza de que fue utilizada en la casilla y no introducida de otra manera?
No estamos hablando simplemente de una hoja de papel. Estamos hablando de la evidencia física de la voluntad de un ciudadano. Por eso, ante una anomalía, la respuesta institucional debería ser ofrecer la mayor certeza posible.
Precisamente por eso resulta preocupante la decisión adoptada el pasado 3 de septiembre.
El Consejo General aprobó, por siete votos contra cuatro, un criterio para que cuando se detecte una boleta sin marcas de doblez se documente la anomalía y sea el Consejo Distrital quien determine si debe computarse.
Los siete votos en favor fueron de Guadalupe Taddei Zavala, Norma Irene De la Cruz Magaña, Uuc-kib Espadas Ancona, Jorge Montaño Ventura, Frida Denisse Gómez Puga, Blanca Yassahara Cruz García y Arturo Chávez López. En contra votaron Martín Faz Mora, Arturo Castillo Loza, Carla Humphrey Jordan y Rita Bell López Vences.
Aquí está el punto de fondo: si la democracia depende de la confianza de los ciudadanos, las instituciones electorales deberían establecer todos los candados necesarios para fortalecerla. Más candados, no menos.
Y ahí le va otra.
El INE también eliminó el filtro que impedía a los Servidores de la Nación registrarse como observadores electorales para los próximos procesos de votación.
Los Servidores de la Nación forman parte de una estructura gubernamental vinculada a los programas sociales. Por eso, permitir su participación como observadores abre una discusión legítima sobre la necesidad de preservar la mayor distancia posible entre quienes forman parte del gobierno y quienes participan en la vigilancia ciudadana de una elección.
No se trata de prejuzgar a una persona por pertenecer a una institución. Se trata de cuidar las condiciones para que la observación electoral sea percibida como independiente e imparcial.
Cuidado, porque el INE no puede perder lo más importante que tiene: su credibilidad.
Después de la desaparición de los organismos autónomos, México necesita instituciones que demuestren que los contrapesos siguen funcionando. Y el INE, precisamente por la responsabilidad que tiene, debería ser el primero en entenderlo.
No basta con decir que se es autónomo.
Hay que actuar como tal.
Hay que garantizar que cada voto tenga detrás una cadena de certeza.
No basta con decir que una anomalía será revisada. Hay que explicar públicamente qué ocurrió, cuáles fueron los criterios utilizados y por qué una boleta que no presenta las características esperadas puede ser considerada válida.
Y si una sola boleta planchada puede generar preguntas, imaginemos lo que ocurriría si aparecieran miles.
La democracia se sostiene sobre algo mucho más frágil de lo que pensamos: la confianza.
Por eso el INE debe demostrar su autonomía con hechos y no generar, con sus propias decisiones, nuevas razones para que los ciudadanos desconfíen.
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