Las finanzas de un gobierno reflejan diversos aspectos de su visión sobre cuál es la situación económica y social del País y hacia dónde debe dirigirse, así como las estrategias para lograrlo. Aquí, el gobierno ha decidido que la hacienda pública navegue sin mayores cambios en su estructura tributaria, que es de donde se obtienen los principales ingresos públicos, aunque en materia de gasto se han realizado diversas modificaciones que han presionado negativamente a las finanzas públicas.
La falta de inversión en infraestructura útil, la asignación de recursos billonarios hacia obras públicas improductivas e infructuosas, cuyo origen fue más el capricho que la planeación con criterios técnicos, y múltiples programas sociales que básicamente se dirigen solo a repartir dinero entre sus beneficiarios, al igual que a apoyar sin medida ni razón las finanzas de la empresa petrolera del gobierno, aunado a la falta de evaluación objetiva e independiente del uso de los recursos públicos, sus resultados y su impacto, así como la ausencia de una sólida rendición de cuentas, han sido el sello de la política de gasto público desde el gobierno anterior.
Sin embargo, los caprichos y ocurrencias cuestan, y el régimen, por alguna razón que no es fácil de entender, ha tomado la decisión de no realizar una reforma fiscal profunda, y seguir con el modelo implementado por aquellos gobiernos neoliberales que tanto critican. No ha habido ninguna modificación tributaria relevante, y los aumentos, claramente insuficientes, de los ingresos públicos, se han basado en la denominada “eficiencia tributaria”, que tampoco es invento propio.
Es cierto que se han eliminado ciertas prácticas que evitaban que muchas grandes empresas cubrieran el total de impuestos que debían pagar, pero ello tiene un límite, y las grandes lagunas, ineficiencias y corrupción que facilitan la evasión y la elusión fiscales, continúan fortaleciéndose. Para muestra, está el ejemplo del huachicol fiscal, donde el propio gobierno ha aceptado que se han perdido más de 600 mil millones de pesos que debían haber ingresado al erario y haberse utilizado en inversión pública, mejoras en los servicios gubernamentales y en el combate al crimen, entre otras demandas sociales. Y ni hablar de los fraudes de las factureras.
En esos casos, ha habido incluso señalamientos de encubrimientos, respaldos y hasta de ser beneficiarios de los negocios ilícitos sobre importantes liderazgos del poder político ligados a MORENA y al gobierno, sin los cuales sería imposible el nivel de operaciones ilegales con los que obtienen ganancias inmensas a costa del pueblo.
Ante ello, la respuesta del gobierno ha sido procesar a un político de oposición, que fuera gobernador y legislador panista, y al cual se le acusa de ser parte “de la mayor red de huachicol”, aunque el daño causado al erario por esa supuesta red sea, según se ha afirmado, por 4 mil millones de pesos, que no es ni el 1% de lo que el propio gobierno asegura que el tráfico ilegal de combustibles ha representado en daños a la hacienda pública.
En la actual legislatura del Congreso de la Unión se han realizado modificaciones importantes, por su cuantía, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Aduanera, que se decía buscaban evitar estos desfalcos a las finanzas públicas, pero de las cuales no se cuenta con algún informe preciso sobre el resultado de su aplicación.
En cambio, la insuficiencia de recursos tributarios y de la decisión de emprender una gran reforma fiscal, se ha subsanado con un mayor endeudamiento público, que ha llegado a casi el 6% del PIB tan solo en el último año del gobierno anterior, y que ahora ronda el 4%, con cuya perspectiva se estima que el total de los Requerimientos Financieros del Sector Público se encaminen hacia el 60% del PIB al final del actual gobierno.
Hay que recordar que, al inicio de la administración, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se comprometió a que el déficit federal sería 2.9% del PIB en promedio durante este gobierno, es decir, que en este momento el déficit debería ser menor a esa cifra, y que el saldo de la deuda no sería mayor de 51.4% del PIB. Esto lo saben y lo resienten los mercados financieros, donde el riesgo mayor es que se deteriore más aún la calificación crediticia del País y ello afecte las finanzas no solo del gobierno, sino de las personas, de las familias y de las empresas.
En la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal, el gobierno federal ha decidido seguir con una política fiscal similar, basada en la eficiencia recaudatoria y en cambios fiscales menores que buscan, otra vez, reducir la evasión y la elusión fiscales. Ya veremos cuál es el resultado, pero llama la atención es que la estimación de los ingresos públicos crece, aunque se reducen las estimaciones de crecimiento económico, como lo hemos alertado en este espacio.
En los Criterios Generales de Política Económica que acompañan a la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación que el gobierno federal entregó al Congreso, se considera que la economía crecerá en un rango entre 1.5% y 2.5%, menor que lo que se aseguró hace algunos meses. También se redujo la previsión del crecimiento del actual ejercicio, que sería de entre 1% y 2%.
Por ello, no se comprende que ahora se estimen los ingresos presupuestarios del siguiente ejercicio, en números redondos, en 9 billones 156 mil 500 millones de pesos, que son 343 mil 700 millones de pesos mayores al cierre estimado del actual ejercicio, una variación real de 3.9%. Al tomar como base la Ley de Ingresos de la Federación actual, se estiman mayores ingresos presupuestarios en 154 mil millones de peso, lo que implica un crecimiento real de 1.7%.
Al agregar los ingresos derivados de financiamientos, es decir, la nueva deuda pública que el gobierno solicita se le autorice en la LIF, de un billón 480 mil millones de pesos, el total de ingresos del sector público federal sería de 10 billones 636 mil 500 millones de pesos, en números redondos.
Los ingresos tributarios alcanzarían el 15.9% del PIB, con 6 billones 263 mil 900 millones de pesos, con un crecimiento real de 5.9% respecto al cierre estimado.
Los principales ingresos tributarios serían por el ISR, con 3 billones 289 mil millones de pesos, que es un 7.2% mayor que los ingresos estimados en el actual ejercicio fiscal, y 3.6% con respecto a la LIF; de IVA se estima recaudar un billón 768 mil millones de pesos, lo cual sería un 2.6% mayor que el estimado al cierre del ejercicio y 7.8% con base en la LIF.
Se propone un déficit presupuestario equivalente a 3.4% del PIB, con lo cual los RFSP se ubicarán en 3.9% del PIB y su Saldo Histórico se ubicará en 55.0% del PIB, que está por encima de lo estimado para el cierre del ejercicio en curso.
Es relevante aclarar que resulta poco probable que se logre el crecimiento económico estimado, por lo cual la previsión de los ingresos resulta aún más lejana de lo que la evolución de la economía nacional ha mostrado, lo cual va a presionar al déficit y a impulsar un mayor el endeudamiento, con la certeza de que en un período electoral se antoja bastante difícil que el gobierno decida realizar recortes al gasto, o en su caso los concentraría en el segundo semestre, luego del proceso electoral.
Ante los desafíos financieros, el gobierno federal decide continuar con una política fiscal similar a la que se ha implementado, con algunas modificaciones tributarias en la Ley del ISR, ciertos estímulos fiscales y tratamientos diferenciados, así como la actualización de algunos derechos, que implican solo aplicar parches a un sistema caduco, y que podrían causar efectos adversos en algunos sectores productivos, pero que según lo suponen, salvarán a la recaudación y a la hacienda pública, mientras que el endeudamiento va en aumento.
Es decir, lo mismo de antes, pero más barato, porque no hay ninguna nueva propuesta relevante, no se ha logrado reducir el déficit a los niveles que se habían asegurado, y se va perdiendo la confianza sobre el manejo de las finanzas públicas.
Así es que, con las actuales presiones de gasto, la indecisión sobre trabajar en una reforma fiscal relevante, la corrupción y el nivel de endeudamiento público, estamos ante el riesgo de quiebra en las finanzas del gobierno, con lo cual la consolidación fiscal y la solidez de la hacienda pública que tanto se presume estaría solo en la imaginación gubernamental y en su hueca, y muy limitada, narrativa triunfalista.
Con la discusión fiscal que iniciará en el Congreso se abre una ventana para que especialistas, empresarios, representantes sociales y legisladores evalúen a fondo lo que el gobierno propone en sus iniciativas, alerten sobre la situación real de las finanzas públicas y los riesgos que ello implica, y presenten planteamientos con un respaldo técnico adecuado que sirvan para corregir el rumbo, mientras que en el gobierno deberán mostrar apertura al diálogo serio, sin simulaciones, y la madurez necesaria para integrar nuevas propuestas. Esa sí sería una muestra de amor al País Es lo justo.
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